lunes, 17 de julio de 2006

La Ley de la sensación.

Luis Cordero Vega.

Publicado en The Clinic

El Gobierno envió el décimo proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal desde su entrada en vigencia, pero esta vez sin la intervención de expertos. ¿Qué razones llevan a este Gobierno a impulsar una nueva modificación?: una “sensación de inseguridad”. La evidencia demuestra que los delitos han disminuido, sin embargo se busca legislar como si estuviésemos en los inicios de una revolución social o en plena campaña electoral. Si el problema dice relación con la gestión de policías y fiscales, entonces las soluciones son de gestión y no legales.

Las medidas relativas a los reincidentes y la facilitación de la prisión preventiva son grandes errores, pues tendrán un efecto brutal sobre el sistema carcelario. Ellas exigirán diez mil nuevas plazas carcelarias, lo que en el contexto de hacinamiento existente constituyen una pésima decisión. Según cifras oficiales, el 93% de los privados de libertad tiene algún tipo de prevalencia con drogas, lo que significa que en las cárceles hay un mercado establecido de consumo, lo que resulta irónico en donde existe mayor vigilancia estatal. Si entre consumo de droga y delincuencia existe una relación directa, promover más cárcel implica promover consumo. Además el perfil de los imputados es estandarizado: hombres, jóvenes con poco capital humano, sin ingresos estables o desempleados, que cometen mayoritariamente delitos contra la propiedad. Si existe una relación entre capital humano e ingreso y estos tienen incidencia en la delincuencia, la cárcel mantendrá el circuito de inequidad y marginación.

Por otra parte se pretende ampliar nuevamente las competencias de las policías, sin que ninguna cifra valide la necesidad de mayores atribuciones, por ejemplo así el establecimiento de la flagrancia hasta por doce horas, solo busca encubrir la ineficiencia de la persecución estatal. Del total de casos que se llevan al sistema judicial el 93 % proviene de delitos flagrantes, de manera que sólo hay investigación previa en el 7% restante.

Igualmente, se permite una intervención más activa de los asistentes de fiscal, tema sobre el cual existe un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional, que previno la utilización de esta figura. El aprobar esta norma implicará aumentar la capacidad del Ministerio Público en 400 encubiertos fiscales, lo que exigirá más defensores y más jueces, sin que se haya acreditado técnicamente su necesidad.

El proyecto tras la precisión “peligro para sociedad” oculta delitos inexcarcelables, lo que la Constitución prohíbe. Por último, el establecimiento de la apelación de la ilegalidad de la detención es ineficiente, ya que según las cifras del Ministerio Público no representa más de un 2%, y viola las garantías pues mantiene detenida a una persona respecto de la cual aún no se discute la necesidad de su privación de libertad.

La sociedad que exige sin contemplaciones castigo es una sociedad que adora la violencia; que lo disculpa todo en nombre de la eficacia, poseída por una lógica antidemocrática, la del exterminio del adversario. Quien percibe todo aquello que no es unánime como desorden tiene una óptica morbosa en el plano social y peligrosa en el plano político.
Quien exige algo a ultranza es un ultra, y lo son quienes piden eficacia a ultranza de la policía en el mantenimiento de la seguridad. Sin embargo, la sociedad más segura es la más justa, no la que tiene mejor organizado sus sistemas de represión y castigo. Aquel es un buen programa político, de lo contrario confirmaríamos la sentencia de Balzac “los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna”.